El proceso legislativo de normas que contravienen la Constitución es inconstitucional y debe declararse insubsistente, sin que la sola omisión de la parte quejosa de ejercer su derecho de prueba dé lugar a exigir el pago de una preliquidación mediante el procedimiento administrativo de ejecución.

El Juzgado sobresee y niega el amparo respecto de la aplicación de diversas disposiciones fiscales relacionadas con el buzón tributario, contabilidad y revisión electrónica, así como las resoluciones misceláneas que las desarrollan. Sin embargo, concede el amparo respecto de los actos del proceso legislativo del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, estableciendo que la sola omisión de la parte quejosa de ejercer su derecho de prueba no puede dar lugar a exigir el pago de una preliquidación mediante el procedimiento administrativo de ejecución, debiendo declararse insubsistente cualquier acto emitido con ese fin.