La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la expedición de un decreto que reforma diversas disposiciones en materia electoral, publicado dentro de los noventa días previos al inicio de un proceso electoral, no es inconstitucional si dicho decreto contiene un régimen transitorio que excluye su aplicación en los procesos electorales en curso o que estén por iniciar, y si además, una suspensión judicial posterior paraliza la entrada en vigor de las reformas.

Diversos partidos políticos y legisladores impugnaron un decreto de reformas electorales argumentando violaciones al procedimiento legislativo y a la prohibición de reformar leyes electorales dentro de los noventa días previos a un proceso electoral (veda electoral). La Suprema Corte analizó si la publicación del decreto el 2 de marzo de 2023, cuando ya habían iniciado procesos electorales en Coahuila y Estado de México, violaba la veda. Determinó que no se actualizaba la inconstitucionalidad porque el propio decreto establecía un régimen transitorio que impedía la aplicación de las reformas en dichos procesos, y además, una suspensión judicial posterior paralizó la entrada en vigor de las reformas.