La prohibición absoluta de la tortura, como violación del derecho humano a la dignidad y a la integridad personal, tiene trascendencia jurídica y obliga a las autoridades a investigar cualquier denuncia al respecto, en cumplimiento de las obligaciones constitucionales.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación enfatiza la proscripción absoluta de la tortura, considerándola una violación a la dignidad e integridad personal. Se subraya que cualquier denuncia de tortura tiene una trascendencia jurídica que obliga a las autoridades a investigarla, en virtud de las obligaciones derivadas del artículo 1º constitucional para la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos.