La suspensión de juicios y procedimientos administrativos, así como la detención de plazos de prescripción y caducidad, procede en casos de lesiones graves y delitos contra la libertad psicosexual, violencia familiar, trata de personas, secuestro, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, desapariciones, privación de la libertad y aquellos que impidan a la víctima acceder adecuadamente a la defensa de sus derechos, cuando se justifique la imposibilidad de ejercerlos.

El presente extracto establece que en casos de delitos graves o aquellos que afecten la libertad y dignidad de las personas, como lesiones graves, violencia familiar, trata de personas, secuestro, tortura, desapariciones, entre otros, se ordenará la suspensión inmediata de juicios y procedimientos administrativos. Asimismo, se detendrán los plazos de prescripción y caducidad. Esta medida aplicará en tanto la víctima supere su condición, siempre y cuando se demuestre la imposibilidad de ejercer adecuadamente sus derechos en dichos procedimientos.