El decreto que obliga a la Fiscalía General de una entidad federativa a pagar una pensión por orfandad, sin que el finado haya tenido relación laboral o administrativa con dicha Fiscalía, es inconstitucional por vulnerar el principio de independencia y autonomía financiera.

La Fiscalía General de Morelos impugnó un decreto que le ordenaba pagar una pensión por orfandad, argumentando que el finado no laboró para ella y que no se le transfirieron los recursos necesarios. La Suprema Corte determinó que el decreto es inconstitucional porque, al imponer una carga económica que no le corresponde y sin la debida transferencia de fondos, vulnera la autonomía financiera y el principio de división de poderes de la Fiscalía, afectando su independencia en el grado más grave de subordinación.