Los actos de los servidores públicos están sujetos a mayor crítica y escrutinio público, pero esto no autoriza la transgresión de sus derechos humanos ni la formulación de opiniones a través de medios oficiales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza la crítica y escrutinio público al que están sujetos los servidores públicos. Si bien se reconoce que sus actos pueden ser objeto de mayor análisis, se establece que esto no justifica la transgresión de sus derechos humanos ni el uso de medios oficiales para emitir opiniones al respecto. El caso se relaciona con la autorización de libros de texto y la formación de pensamiento crítico en el alumnado, invocando la Ley General de Educación.