El derecho a ser oído, dentro de un plazo razonable y con las debidas garantías, es fundamental para la determinación de derechos y obligaciones de cualquier carácter, incluyendo el fiscal.

El derecho a ser oído, garantizado por el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es esencial para la determinación de derechos y obligaciones en diversas materias, incluyendo la fiscal. Este derecho implica que toda persona debe tener la oportunidad de presentar sus argumentos y pruebas ante un tribunal competente, independiente e imparcial, dentro de un plazo razonable y con las formalidades legales. La concepción de la acción procesal, tanto sustantiva como adjetiva, ha dado lugar a reglas específicas para el ejercicio de derechos y a procedimientos judiciales diseñados para sustanciar determinadas acciones, asegurando así el debido proceso.