La regulación de las excluyentes de responsabilidad penal en el delito de aborto, al exigir requisitos excesivos para su procedencia, puede vulnerar el derecho a la salud de la mujer gestante.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo un amparo en revisión para analizar la constitucionalidad de las disposiciones del Código Penal de Durango que regulan las excluyentes de responsabilidad en el delito de aborto. Se argumenta que los requisitos, como la necesidad de que un médico y el Ministerio Público autoricen el aborto cuando la gestante corre peligro de muerte, son excesivos y pueden poner en riesgo la salud de la mujer al retrasar el acceso a servicios médicos esenciales, contraviniendo el derecho a la salud reconocido por la propia Corte.