La intervención de comunicaciones privadas, incluyendo las de carácter fiscal, solo puede ser autorizada por la autoridad judicial federal a petición de la autoridad competente, quien deberá fundar y motivar la solicitud, expresando el tipo de intervención, los sujetos y su duración, sin que pueda autorizarse para materias fiscales ni para las comunicaciones del detenido con su defensor.

El presente extracto aborda la competencia para autorizar la intervención de comunicaciones privadas. Se establece que, salvo excepciones, esta facultad recae en la autoridad judicial federal, la cual debe justificar la necesidad de la intervención, detallando su alcance y temporalidad. Se excluyen expresamente las comunicaciones de índole fiscal, así como aquellas entre un detenido y su defensor.