La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe analizar la calidad democrática de un procedimiento legislativo, incluso si la votación final se cumplió, para determinar si se respetaron los derechos de las minorías y la deliberación pública.

La acción de inconstitucionalidad impugnó un decreto de la Ciudad de México que reformó la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia local. Los promoventes argumentaron violaciones al procedimiento legislativo, alegando que se impidió el acceso de más de treinta diputados al recinto legislativo, lo que vulneró los principios de igualdad y deliberación parlamentaria. La Corte, si bien reconoció que el decreto cumplió con las reglas de votación, enfatizó la necesidad de evaluar la calidad democrática del proceso, incluyendo el respeto a los derechos de las minorías y la deliberación pública, para determinar la validez de la norma.