La orden de visita domiciliaria debe detallar las disposiciones fiscales específicas que serán objeto de la auditoría para garantizar la certeza jurídica del contribuyente.

El caso aborda la validez de una orden de visita domiciliaria emitida por autoridades fiscales. El contribuyente argumentó que la orden era inconstitucional porque no especificaba las disposiciones concretas de la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley del Impuesto al Valor Agregado que serían revisadas, limitándose a señalar el objetivo general de la visita. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver, determinó que la falta de detalle en la orden de visita vulnera los derechos fundamentales del contribuyente al no permitirle conocer con precisión el alcance de la facultad de comprobación de la autoridad fiscal.