El decreto emitido por el Congreso del Estado de Morelos que obliga a la Fiscalía General de la entidad federativa a pagar una pensión por jubilación con cargo a su presupuesto, sin transferirle los recursos necesarios, es inconstitucional por vulnerar los principios de independencia financiera y autonomía de gestión presupuestal.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una controversia constitucional promovida por la Fiscalía General del Estado de Morelos contra el Congreso local. La Fiscalía impugnó un decreto que le imponía el pago de una pensión por jubilación a una extrabajadora, argumentando que dicha carga económica no le correspondía y que no se le transfirieron los recursos necesarios. La Corte determinó que el decreto vulnera la autonomía financiera y de gestión presupuestal de la Fiscalía, declarando la invalidez parcial del mismo en la porción que le impone el pago sin la debida transferencia de fondos.