La intervención del Poder Legislativo en el nombramiento de funcionarios de la administración pública centralizada es inconstitucional, salvo que la Constitución Federal lo prevea expresamente o sea estrictamente necesaria para hacer efectivas facultades exclusivas del Ejecutivo.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una acción de inconstitucionalidad promovida por diputados federales en contra de diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Los promoventes argumentaron que la participación del Senado en el nombramiento del comisionado nacional de seguridad y del secretario ejecutivo, así como la obligación del secretario de Gobernación de comparecer semestralmente ante comisiones del Senado, violaban los principios de división de poderes, legalidad y supremacía constitucional. El Tribunal Pleno determinó que la intervención del Senado en dichos nombramientos era inconstitucional, al tratarse de funcionarios de la administración pública centralizada cuya designación corresponde exclusivamente al Ejecutivo Federal. Sin embargo, la acción fue desestimada en cuanto a la comparecencia del secretario de Gobernación por falta de mayoría calificada.