El principio de legalidad tributaria exige que los elementos esenciales de las contribuciones, como la base gravable y la tarifa, sean establecidos por el legislador en la ley, impidiendo la delegación de esta facultad a autoridades administrativas para evitar la arbitrariedad y garantizar la seguridad jurídica de los contribuyentes.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió una acción de inconstitucionalidad contra artículos de las Leyes de Ingresos de tres municipios de Aguascalientes que facultaban a los ayuntamientos para determinar la forma de recaudación del derecho de alumbrado público a través de convenios con la Comisión Federal de Electricidad. La Suprema Corte declaró la invalidez de dichas normas al considerar que violan el principio de legalidad tributaria y la seguridad jurídica, ya que la ley no establecía los elementos esenciales de la contribución (base, tarifa y época de pago), dejando su determinación a la discrecionalidad de una autoridad administrativa.