Una persona jurídica demandó la nulidad de la resolución por la que se le impusieron multas por varias infracciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; y que determinó NO concederle el beneficio a que alude el artículo 55 de esa ley, a pesar de tratarse de la primera infracción y haber sido subsanada antes de que la autoridad exactora ejerciera sus facultades de verificación. La Sala responsable reconoció la validez de la resolución impugnada. Esta sentencia es la reclamada en este juicio constitucional.