La facultad de los Ayuntamientos para otorgar subsidios sobre impuestos municipales, como el predial, sobre adquisición de inmuebles y sobre diversiones y espectáculos públicos, es inconstitucional cuando contraviene la prohibición expresa del artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, al menoscabar la hacienda pública municipal y su autonomía.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una controversia constitucional promovida por el Municipio de San Pedro Garza García contra el Decreto 232 de Nuevo León, que facultaba a los Ayuntamientos a otorgar subsidios sobre diversos impuestos municipales. El Municipio argumentó que dicha facultad, junto con sus artículos transitorios, vulneraba su hacienda pública y autonomía. La Corte determinó que la facultad de otorgar subsidios, tal como estaba planteada en el decreto, contraviene directamente la prohibición del artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, que impide a las legislaturas estatales establecer exenciones o subsidios en perjuicio de la hacienda municipal. Por lo tanto, se declaró la invalidez del decreto impugnado respecto del Municipio actor.