La concesión de una pensión por jubilación con cargo al presupuesto del Poder Judicial local, realizada por el Congreso del Estado, vulnera la autonomía presupuestal, la independencia judicial y el principio de división de poderes.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una controversia constitucional promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos contra el Decreto 1038, emitido por el Congreso local, que concedía una pensión por jubilación a una persona con cargo al presupuesto del Poder Judicial. La Corte determinó que dicha acción legislativa vulnera la autonomía presupuestal y la independencia del Poder Judicial, al invadir sus facultades de gestión de recursos y al imponerle una carga financiera sin su consentimiento. Por lo tanto, se declaró la invalidez parcial del decreto en la porción que obligaba al Poder Judicial a cubrir la pensión.