El principio de seguridad jurídica exige que las autoridades fiscales fundamenten sus resoluciones en bases de datos precisas y accesibles, garantizando al contribuyente el derecho a conocer la información utilizada para sustentar dichas determinaciones.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza la inconstitucionalidad de diversos artículos del Código Fiscal de la Federación y la Ley de Ingresos de la Federación, planteada por una empresa que solicitó la devolución de un saldo a favor. La empresa argumentó que el artículo 63 del CFF viola la seguridad jurídica al no obligar a la autoridad a precisar las bases de datos utilizadas en sus resoluciones. El Tribunal Colegiado concedió el amparo al considerar que la autoridad fiscal aplicó indebidamente la ley al exigir requisitos no previstos para la devolución del impuesto, y que la empresa sí cumplió con las exigencias normativas aplicables.