La aplicación de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por parte de las autoridades jurisdiccionales a un caso constituye una cuestión de legalidad, aun cuando el criterio contenido en ella se refiera a temas de constitucionalidad de leyes o a la interpretación directa de preceptos constitucionales.

El recurso de revisión contra sentencias de amparo directo es procedente si se abordó la constitucionalidad de una norma general o la interpretación de un precepto constitucional o de derechos humanos. Sin embargo, la aplicación de la jurisprudencia de la Suprema Corte por parte de tribunales inferiores se considera una cuestión de legalidad, no de constitucionalidad, incluso si la jurisprudencia trata sobre inconstitucionalidad de leyes o interpretación constitucional.