El Estado debe establecer mecanismos judiciales y administrativos para asegurar el acceso efectivo de las mujeres objeto de violencia a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces.

El Estado tiene la obligación de implementar las medidas necesarias, tanto en el ámbito judicial como en el administrativo, para garantizar que las mujeres que han sido víctimas de violencia puedan acceder a una compensación justa y efectiva. Esto incluye el resarcimiento del daño y otros medios de reparación que aseguren la plena restitución de sus derechos.