La falta de interés legítimo para impugnar la distribución de participaciones federales se actualiza cuando la alegada invasión a la esfera de competencia municipal no se sustenta en una violación directa a una atribución constitucional, sino en la inobservancia de una norma secundaria que regula aspectos de la integración y distribución de fondos.

El municipio actor impugnó un decreto sobre la distribución de participaciones federales, argumentando que el uso de datos poblacionales del censo de 2000, en lugar de los de 2020, invadía su competencia y reducía sus recursos. La Corte determinó que el municipio carece de interés legítimo para impugnar la norma secundaria que regula la distribución de fondos, ya que la supuesta invasión a su esfera de competencia no se deriva de una violación directa a la Constitución, sino de la inobservancia de una ley de coordinación fiscal.