La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la omisión del Congreso del Estado de Morelos de establecer en su Ley Orgánica las bases para la distribución interna del presupuesto entre los tribunales que lo integran constituye una omisión legislativa reclamable en controversia constitucional, al vulnerar la autonomía del Poder Judicial.

El Poder Judicial del Estado de Morelos promovió controversia constitucional contra el Decreto de Presupuesto de Egresos 2024, argumentando, entre otras cosas, una asignación presupuestaria insuficiente y la omisión legislativa de establecer bases para la distribución interna de recursos. La Suprema Corte analizó la constitucionalidad del decreto y la omisión legislativa, determinando que la falta de regulación sobre la distribución interna del presupuesto del Poder Judicial sí es reclamable y vulnera su autonomía.