El Derecho de Alumbrado Público (DAP) no puede ser determinado, recaudado ni cobrado con base en la tarifa de consumo de energía eléctrica contratada por el usuario, ya que ello contraviene la naturaleza de dicho derecho como contraprestación por un servicio municipal y vulnera las facultades exclusivas de la Federación para legislar sobre tarifas eléctricas.

El Juzgado Primero de Distrito en Morelos concedió el amparo a una persona moral contra el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP). La quejosa argumentó que el cobro se basaba en su tarifa de consumo de energía eléctrica industrial (GDMTH), lo cual resultaba en un monto mayor en comparación con otras tarifas, contraviniendo el principio de equidad y las facultades exclusivas de la Federación para regular tarifas eléctricas. El tribunal determinó que el DAP debe ser una contraprestación por un servicio municipal y no puede depender de la tarifa eléctrica, la cual es materia de regulación federal.