La controversia constitucional se sobresee al no actualizarse un principio de afectación en perjuicio del órgano promovente, derivado de la existencia de una medida cautelar previa que tutela provisionalmente sus intereses.

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) promovió una controversia constitucional contra el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022, argumentando la inconstitucionalidad de diversos artículos y anexos que afectaban su autonomía y las remuneraciones de sus servidores públicos. Sin embargo, la Suprema Corte determinó sobreseer el juicio al advertir que, si bien la Cofece alegaba una afectación, la existencia de una medida cautelar previamente concedida en otro asunto (controversia constitucional 79/2021) protegía provisionalmente sus intereses, impidiendo la actualización de un principio de afectación real e inminente en su esfera competencial o en los derechos de sus trabajadores.