La distinción entre faltas administrativas graves y no graves es un elemento esencial para determinar la responsabilidad administrativa de los servidores públicos, y la falta de esta categorización en la norma genera incertidumbre jurídica y potencial arbitrariedad en la aplicación de sanciones.

El presente asunto analiza la constitucionalidad de artículos que no distinguen entre faltas administrativas graves y no graves para los servidores públicos. La Suprema Corte determinó que esta distinción es fundamental para la seguridad jurídica, ya que permite a los gobernados conocer la naturaleza de su conducta, la sanción aplicable y la autoridad competente. La ausencia de esta clasificación genera incertidumbre y abre la puerta a la discrecionalidad de los aplicadores de la norma, pudiendo resultar en sanciones desproporcionadas.