El Estado no invade la hacienda municipal al reformar reglamentos sobre uso de suelo y bienes inmuebles, ya que estas disposiciones no impiden a los municipios percibir sus contribuciones ni alteran su patrimonio.

El Municipio de Zacatepec impugnó un decreto estatal que reformaba diversos reglamentos sobre bienes inmuebles y ordenamiento territorial, argumentando que invadía su competencia para recaudar ingresos y afectaba su autonomía financiera. La Suprema Corte determinó que las reformas reglamentarias, al regular el destino de bienes estatales y los trámites de impacto urbano, no afectaban las garantías económicas, financieras y tributarias de los municipios, ni impedían su derecho a percibir contribuciones o administrar su hacienda.