La legitimación activa de los órganos constitucionales autónomos para promover controversias constitucionales cesa con su extinción, no pudiendo ser ejercida por los órganos que los sustituyan si estos no cuentan con dicha legitimación constitucional.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones, como órgano constitucional autónomo, promovió una controversia constitucional. Sin embargo, una reforma constitucional extinguió dicho Instituto y creó nuevos órganos dependientes del Poder Ejecutivo. La Suprema Corte determinó que la legitimación del Instituto para promover la controversia cesó con su extinción, y los nuevos órganos no heredan dicha legitimación al no ser órganos constitucionales autónomos.