La autonomía de gestión presupuestal del Poder Judicial Local se vulnera cuando el órgano legislativo impone unilateralmente una obligación presupuestaria sin su intervención, independientemente de ampliaciones posteriores o de la derogación de normas que la fundamentaban.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó una controversia constitucional donde el Poder Judicial Local de Morelos alegó la vulneración de su autonomía presupuestal por parte del Congreso local. El Congreso había omitido observar una regla de asignación presupuestal previa y, además, se argumentó que la derogación de una norma local eliminaba la base del conflicto. La Corte determinó que la imposición unilateral de obligaciones presupuestarias por parte del legislativo, sin la intervención del Poder Judicial, constituye una violación a su autonomía de gestión, incluso si se realizan ampliaciones presupuestales posteriores o si la norma originalmente invocada ha sido derogada.