El Tribunal Fiscal de la Federación no está facultado para examinar la legalidad de las actuaciones del proceso penal, sino debe limitarse a la validez del acto administrativo impugnado y a si se cumplieron las formalidades propias de este.

El Tribunal Fiscal de la Federación no puede juzgar la legalidad de las actuaciones dentro de un proceso penal. Su competencia se limita a determinar la validez del acto administrativo que se le presenta, verificando si se cumplieron las formalidades inherentes a dicho acto. Sin embargo, debe analizar si el requerimiento de pago de una fianza, como acto administrativo, cumplió con los requisitos legales y si se acompañaron los documentos necesarios para justificar el cobro, independientemente de la actuación del juez penal.