La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que la intervención de comunicaciones, para ser válida, debe cumplir con las formalidades específicas establecidas en la Ley de Delincuencia Organizada, incluyendo la verificación ministerial de autenticidad, la realización en instalaciones adecuadas, y la ejecución por personal especializado bajo supervisión.

El caso aborda la valoración de pruebas obtenidas mediante la intervención de comunicaciones en un proceso penal por delincuencia organizada. La defensa argumentó que, a pesar de contar con autorización judicial, no se cumplieron las formalidades específicas de la Ley de Delincuencia Organizada. Se señaló la falta de constancia ministerial sobre la verificación de autenticidad, la realización de las intervenciones en instalaciones adecuadas y la ejecución por personal especializado. Adicionalmente, se cuestionó la ilicitud de declaraciones ministeriales y reconocimientos fotográficos por considerar que se contaminó el procedimiento.