El decreto que concede una pensión por jubilación con cargo al presupuesto de un poder u órgano autónomo, sin la previa transferencia de fondos necesarios, es inconstitucional por vulnerar la independencia y autonomía de gestión presupuestal de dicho poder u órgano.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una controversia constitucional promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos contra el Poder Legislativo local. El Poder Judicial impugnó un decreto que le imponía el pago de una pensión por jubilación sin la transferencia de los recursos financieros necesarios. La Corte determinó que dicho decreto es inconstitucional, ya que vulnera la independencia y la autonomía de gestión presupuestal del Poder Judicial, al permitir que el Congreso disponga de sus recursos sin su intervención y sin prever las condiciones para cumplir la obligación. Por ello, se declaró la invalidez parcial del decreto.