La invalidez de un decreto que otorga una pensión con cargo al presupuesto de un Poder, sin la transferencia de recursos suficientes, afecta la autonomía presupuestal y el principio de división de poderes.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una controversia constitucional promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos contra un decreto legislativo que otorgaba una pensión por jubilación a una persona con cargo al presupuesto del Poder Judicial, sin transferir los recursos necesarios. La Corte determinó que esta acción del Poder Legislativo constituía una intromisión indebida en la autonomía presupuestal del Poder Judicial, violando el principio de división de poderes. Por ello, se declaró la invalidez parcial del decreto en la porción que obligaba al Poder Judicial a cubrir la pensión sin la debida suficiencia presupuestaria, ordenando al Congreso del Estado modificar el decreto para garantizar el pago sin lesionar la independencia de los poderes.