La norma que establece el cobro de un derecho por la ocupación de espacios para estacionamiento de vehículos, sin especificar si la cuota es diaria o por hora, y que además sujeta las tarifas a lineamientos de la autoridad municipal, viola los principios de legalidad tributaria y seguridad jurídica.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla contra el artículo 57, fracción XI, de la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal 2023. La acción se centró en la inconstitucionalidad de la norma por no definir claramente los elementos esenciales del derecho por estacionamiento, como el periodo de cobro (diario o por hora) y por delegar la fijación de tarifas a lineamientos municipales, lo que contraviene los principios de legalidad tributaria y seguridad jurídica. El Tribunal Pleno declaró la invalidez del precepto impugnado al considerar que la falta de precisión en la base del cobro y la remisión a la autoridad municipal para determinar las tarifas, dejaban un margen de arbitrariedad y generaban incertidumbre para el contribuyente.