La inconstitucionalidad de la regulación de la visita domiciliaria no se actualiza por no prever que el plazo de la compulsa hecha a un tercero deba comprender el mismo que el de la visita domiciliaria, esto es, máximo doce meses.

El presente asunto deriva de un juicio de nulidad promovido contra la confirmación de un crédito fiscal. El contribuyente impugnó la resolución que confirmó el oficio que le impuso un crédito fiscal por diversos impuestos, actualización, recargos y multas. La cuestión jurídica central gira en torno a la posible inconstitucionalidad de la regulación de la visita domiciliaria, específicamente en lo referente al plazo de la compulsa a terceros. Se analiza si la falta de previsión de que dicho plazo sea igual al de la visita domiciliaria (máximo doce meses) genera una inconstitucionalidad.