El derecho a la pensión por orfandad debe prevalecer sobre formalismos que impidan su acceso a personas con discapacidad, cuando se acredite la dependencia económica y la necesidad de la pensión.

Se concedió el amparo a un particular contra la negativa de una pensión por orfandad, la cual fue denegada bajo el argumento de que el solicitante estaba casado y no contaba con un dictamen médico institucional que acreditara su discapacidad. El tribunal determinó que la discapacidad preexistente y la dependencia económica son elementos suficientes para acceder a la pensión, sin que el estado civil o la falta de un dictamen específico de una institución pública deban ser impedimentos insalvables, máxime si se acredita la necesidad de la pensión.