La Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que las controversias relativas a la aplicación de leyes secundarias, como la Ley de Coordinación Fiscal, constituyen cuestiones de mera legalidad que escapan a la materia de las controversias constitucionales, salvo que impliquen una afectación directa a la competencia de los municipios.

El municipio actor reclamó la afectación de sus participaciones federales por parte del Estado de Veracruz, solicitando el pago de recursos omitidos y los intereses correspondientes. La Suprema Corte determinó que el estudio de la aplicabilidad de ordenamientos secundarios como la Ley de Coordinación Fiscal es una cuestión de mera legalidad, ajena a la materia de las controversias constitucionales, a menos que se demuestre una afectación directa a la competencia municipal. Por lo tanto, el asunto se declaró fuera de la competencia de la Corte en términos de controversia constitucional.