El cobro del derecho por el servicio de alumbrado público debe basarse en el costo que representa para el municipio su prestación, y no en elementos ajenos como el tipo de predio o la capacidad económica del contribuyente, para respetar los principios de proporcionalidad y equidad tributarias.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugnó diversas disposiciones de leyes de ingresos municipales de Michoacán que establecían tarifas para el cobro del derecho por alumbrado público. La Suprema Corte determinó que dichas tarifas eran inconstitucionales porque se basaban en el uso o características de los predios, o en la existencia de registro ante la CFE, en lugar de atender al costo real del servicio para el municipio. Al no existir una relación directa entre el costo del servicio y la tarifa cobrada, se vulneraron los principios de proporcionalidad y equidad tributarias.