El interés legítimo para demandar la responsabilidad ambiental, la reparación de daños, el pago de sanciones económicas y otras prestaciones, se reconoce a quienes resientan las consecuencias de dichos daños, sin necesidad de acreditar la titularidad de un derecho subjetivo.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó el alcance del interés legítimo en materia de responsabilidad ambiental. Se determinó que dicho interés no requiere la acreditación de un derecho subjetivo, sino que basta con que la persona resienta las consecuencias de los daños ambientales para poder ejercer la acción legal correspondiente. Esto amplía la protección del medio ambiente al permitir la participación de una gama más amplia de actores en la exigencia de responsabilidad.