La valoración probatoria debe ser exhaustiva, completa e integral para tener por acreditada la existencia de un delito y la responsabilidad penal, excluyendo pruebas obtenidas ilícitamente o declaradas inválidas.

El presente caso aborda la vulneración de derechos fundamentales como la defensa adecuada, presunción de inocencia, debido proceso y legalidad, derivados de una valoración probatoria deficiente e incompleta. Se determinó que la inspección ministerial fue ilegal al ingresar al domicilio sin autorización, y que la declaración ministerial obtenida bajo tortura y declarada inválida por otro tribunal debió ser excluida. Por lo tanto, se concedió el amparo para que la sala responsable excluya dicha prueba y emita una nueva resolución.