La limitación a la deducción de intereses, establecida en la fracción XXXII del artículo 28 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, es constitucional al ser una medida racional y proporcional para prevenir la elusión y evasión fiscal, congruente con el sistema recaudatorio y el Plan de Acción BEPS.

Varias empresas promovieron amparo indirecto contra los artículos 28, fracción XXXII y 46, párrafo tercero, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, argumentando que la limitación a la deducción de intereses superiores a $20,000,000.00 y que excedan el 30% de la utilidad fiscal ajustada violaba el principio de equidad tributaria. La Suprema Corte determinó que dicha limitación es constitucional, pues constituye una medida racional y proporcional para prevenir la elusión y evasión fiscal mediante el sobreendeudamiento y el traslado de utilidades, siendo congruente con el sistema recaudatorio y el Plan de Acción BEPS.