La fundamentación de la competencia de las autoridades administrativas en los actos de molestia debe ser clara y precisa, citando las disposiciones legales que otorgan las facultades, así como el carácter con que actúa el emisor, para garantizar la seguridad jurídica del gobernado.

La Sala Regional del Pacífico del Tribunal Federal de Justicia Administrativa analizó la legalidad de multas impuestas por la Procuraduría Federal del Consumidor. La cuestión central fue determinar si la autoridad fundó debidamente su competencia al emitir la resolución impugnada. El Tribunal determinó que la autoridad sí fundó adecuadamente su competencia, tanto material como territorial y por grado, al citar los preceptos legales aplicables y las circunstancias específicas que motivaron el acto. Asimismo, consideró que la multa impuesta fue debidamente motivada y no excesiva, al tomar en cuenta la gravedad de la omisión y la capacidad económica del infractor, conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley Federal de Protección al Consumidor.