ES CORRECTO EL SOBRESEIMIENTO DECRETADO POR EL JUEZ DE DISTRITO, YA QUE LA QUEJOSA NO DEMOSTRÓ LA AFECTACIÓN A SU INTERÉS JURÍDICO, PUESTO QUE DE LAS DECLARACIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PRESENTADAS COMO PRUEBAS, NO SE OBTIENE QUE SE HAYA EMPLEADO ACTUALIZACIÓN ALGUNA, QUE TENGA COMO BASE EL ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, CUYA DETERMINACIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA COMBATE LA IMPETRANTE, AL RECLAMAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 59, FRACCIÓN III, INCISO A), DE LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA. EN ESE SENTIDO, LOS AGRAVIOS SON INCONSISTENTES, TODA VEZ QUE, COMO SE DIJO, DE LAS DECLARACIONES NO SE ADVIERTE LA APLICACIÓN DE LA NORMA IMPUGNADA; NO ES VERDAD QUE EL JUEZ FEDERAL NO HAYA VALORADO SUS PRUEBAS Y QUE ELLO CONSTITUYA UNA VIOLACIÓN PROCESAL, PUES SÍ REFIRIÓ SU ALCANCE EN LA SENTENCIA RECURRIDA; SÍ INTERPRETÓ CORRECTAMENTE EL JUEZ UNA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; Y NO ES VERDAD QUE EL A QUO FEDERAL DEBA RECABAR OFICIOSAMENTE PRUEBAS EN EL PUNTO A DEBATE, TODA VEZ QUE EL INTERÉS JURÍDICO DEBE SER DEMOSTRADO, PLENAMENTE, POR LA QUEJOSA.