La persona física o funcionario que actúa como autoridad y es multado por el Tribunal Fiscal de la Federación (actualmente Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa) está legitimada para promover el juicio de amparo, pues la multa se impone a su peculio y afecta su esfera jurídica personal.

El artículo 239-B del Código Fiscal de la Federación faculta al Tribunal Fiscal de la Federación para imponer multas a los funcionarios responsables de omitir total o parcialmente el cumplimiento de una sentencia o de repetir una resolución anulada. La multa se impone al funcionario en lo personal, afectando su patrimonio, por lo que dicho funcionario tiene legitimación para promover el juicio de amparo en su propio nombre.