La intromisión de un poder legislativo en la disposición de los recursos financieros de un poder judicial, al ordenar el pago de pensiones con cargo a su presupuesto, es inconstitucional, pues vulnera la autonomía financiera de este último.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez parcial de un decreto emitido por el Congreso de Morelos que ordenaba al Poder Judicial del Estado cubrir una pensión por jubilación. La Corte determinó que el Congreso se entrometió en las finanzas del Poder Judicial al disponer de sus recursos sin su intervención, afectando su autonomía financiera. Aun cuando existieran ampliaciones presupuestales, estas no justificaban la intromisión, especialmente por la proyección temporal del decreto a ejercicios fiscales subsecuentes.