La facultad de los municipios para imponer gravámenes a la propiedad inmobiliaria, a través del otorgamiento de licencias o permisos de construcción y verificación, reconocida en el artículo 115, fracciones IV y V, de la Constitución Federal, se ve limitada por las regulaciones jurídicas federales en materias reservadas a esta última, como lo es la Ley de Industria Eléctrica, la cual instituye los términos y condiciones jurídicas para el uso de suelo en dicha industria.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce la facultad de los municipios para imponer gravámenes relacionados con licencias de construcción y verificación, conforme al artículo 115 constitucional. Sin embargo, esta facultad es limitada por la legislación federal en materias reservadas, como la Ley de Industria Eléctrica, que establece las condiciones para el uso de suelo en este sector. Por lo tanto, una disposición municipal que exceda estos supuestos para percibir una prestación por servicio, resulta inconstitucional.