La Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada el once de diciembre de dos mil trece, es constitucional, pues las finalidades perseguidas por el legislador con las medidas implementadas, como el restablecimiento del principio de simetría fiscal, la ampliación de la base gravable del ISR y el fortalecimiento de la seguridad social, son válidas y se encuentran justificadas.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó la constitucionalidad de diversos artículos de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir de 2014. Determinó que las finalidades del legislador al implementar las reformas, como restablecer la simetría fiscal, evitar el debilitamiento de la recaudación del ISR tras la eliminación del IETU e IDE, ampliar la base gravable y fortalecer la seguridad social mediante el seguro de desempleo y la pensión universal, son constitucionalmente válidas. Se consideró que estas medidas buscan un equilibrio fiscal y social, respetando el mínimo existencial y el principio de proporcionalidad tributaria.