El derecho por el servicio de alumbrado público debe fijarse con base en el costo que representa para el municipio prestarlo, sin que pueda considerarse el beneficio en metros luz que reciba un inmueble, pues ello contraviene los principios de proporcionalidad y equidad tributarias.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 61/2023, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra diversas disposiciones de Leyes de Ingresos de municipios de Tlaxcala. Se invalidaron cobros por servicio de alumbrado público al considerar que se basaban en el 'beneficio en metros luz' en lugar del costo real del servicio, violando los principios de proporcionalidad y equidad tributaria. También se invalidaron cobros por suministro de agua potable al delegar la fijación de tarifas a autoridades administrativas, contraviniendo la seguridad jurídica y legalidad tributaria. Finalmente, se invalidaron cobros por búsqueda y expedición de copias simples de documentos del registro civil por ser desproporcionados e injustificados.