La concesión de una pensión por jubilación por parte del Congreso local a un ex trabajador del Poder Judicial, ordenando que el pago se realice con cargo al presupuesto de este último sin la transferencia de recursos suficientes, vulnera la autonomía presupuestaria y el principio de división de poderes.

El Poder Judicial del Estado de Morelos promovió controversia constitucional contra el Poder Legislativo por la emisión de un decreto que concede una pensión por jubilación a un ex trabajador, ordenando que el pago se realice con cargo al presupuesto del Poder Judicial sin la transferencia de los recursos necesarios. La Suprema Corte determinó que esta acción vulnera la autonomía presupuestaria del Poder Judicial y el principio de división de poderes, declarando la invalidez parcial del decreto en la porción que ordena el pago con cargo al presupuesto del Poder Judicial sin la asignación de los recursos correspondientes.