El principio de inmediación, en materia penal, exige que todos los elementos de prueba sean presenciados directamente por el juez, sin intermediarios, para que pueda valorarlos libremente y tomar una decisión informada sobre la responsabilidad penal.

El caso aborda la vulneración de los principios de contradicción e inmediación en un proceso penal, derivado de la forma en que el fiscal incorporó actas a través de lectura. La Suprema Corte determinó que esta práctica contraviene el criterio establecido en el amparo directo en revisión 243/2017, ya que la persona que incorpora los documentos debe ser un testigo de acreditación susceptible de contrainterrogatorio, y no el propio fiscal del caso. Por lo tanto, la interpretación y aplicación de la norma impugnada resultaron contrarias a dichos principios fundamentales del debido proceso.