El proceso legislativo del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado el 9 de diciembre de 2013, y su reforma del 18 de noviembre de 2015, es inconstitucional en cuanto a que la sola omisión de la parte quejosa de ejercer su derecho de prueba en el procedimiento de revisión electrónica no puede dar lugar a exigir el pago de la preliquidación mediante el procedimiento administrativo de ejecución.

El Juzgado de Distrito sobreseyó el juicio respecto de la aplicación de diversas disposiciones fiscales y la expedición de resoluciones misceláneas. Negó el amparo respecto de varios artículos del Código Fiscal de la Federación, su Reglamento, y diversas reglas de las Resoluciones Misceláneas Fiscales. Sin embargo, concedió el amparo respecto del proceso legislativo del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación y su reforma, al considerar que la omisión de la parte quejosa de ofrecer pruebas en el procedimiento de revisión electrónica no justifica el cobro de la preliquidación por la vía de apremio.